30
Jun
La movilidad más sostenible es la que no existe
Una casa en el campo, un jardín y una barbacoa. Es la imagen idílica de vivienda familiar que el cine nos ha metido entre ceja y ceja. Una imagen que no tiene en cuenta el coste social, económico y medioambiental de una forma de vida alejada de la comunidad cuyo coste pagamos todos.
No hace falta comentar que la vida en el extrarradio es eso: de extrarradio. Alejados del centro y los servicios de todo tipo que ofrece la ciudad -aquello que Jordi Borja define como el salario indirecto-, los miles de chalés con pequeño jardín y piscina comunitaria -en ocasiones individual- que salpican España obligan a sus habitantes, otrora ciudadanos, a organizar su vida conforme a ellos. Organizar su tiempo conforme a los atascos de entrada y salida de las ciudades; organizar su economía conforme al precio de combustibles, mantenimientos y compra de medios de transporte privados; organizar su tiempo libre conforme a las necesidades de mantenimiento de ese pequeña (en esos momentos de trabajo enorme) parcela privada.
Al inicio mencionaba el coste social, económico y mediomabiental. Veamos cada uno.
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Desde que, a mediados del año 2008, entramos en la etapa actual de crisis económica global, en España ha habido un sector clave que, junto a la banca y sus multimillonarios rescates, se ha llevado todos los comentarios sobre el despilfarro, la especulación y el “se veía venir” de mucha gente. Nos referimos, claro, a la promoción inmobiliaria.
El pasado 13 de abril el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
El problema que acumula la banca española con sus activos inmobiliarios propicia que se tomen medidas para descargar las carteras de las entidades de este tipo de productos. En esta ocasión se busca dar una salida rápida a una gran cartera de suelo, seguramente el activo más especulativo del proceso inmobiliario.