Deudas de España en 2011, 68,5% del PIB

La deuda del conjunto de las administraciones públicas en España alcanzó en 2011 su valor récord al llegar al 68,5% del PIB. Hablamos de 734.961 millones de euros.

El mayor volumen de deuda, como cabe esperar, la presenta la administración central, con un total de 536.198 millones de euros. Las comunidades autónomas, por su parte, tienen deudas por la nada despreciable cifra de 140.083 millones de euros. Las corporaciones locales (ayuntamientos y otros) se quedan en 35.420 millones de euros.

No por repetida, deja de ser cierta y necesaria la demanda de responsabilidades a políticos más o menos profesionales, sean de un partido o de su adversario, cuenten con mayor o menor capacidad de gestión (se les presupone, como el valor). Los hemos contratado como todopoderosos gestores de los euros públicos, para gobernar por el bien común (tan fácilmente aplicable en según que relaciones de poder entre la administración y los particulares) y el resultado es irrisorio.

La gestión de cualquier proyecto cuenta, necesariamente, con un objetivo claramente definido, con un presupuesto, con un resultado esperado al cierre y un plazo para conseguirlo, con un equipo de proyecto suficientemente cualificado y con un contrato de derechos (poderes) y deberes.

En política el contrato es asimilable al programa político presentado en ese concurso público que son las elecciones. El equipo de proyecto lo encabeza el presidente, alcalde y demás con sus allegados de mayor confianza (suponer la valía profesional objetiva se me antoja mucho suponer). El objetivo debería ser el bien común y pasa por ser secundario frente al particular y el plazo es de un máximo de cuatro años renovables de cuatro en cuatro. Los derechos y deberes son los más favorables que se pudiera encontrar cualquier director de proyecto, su firma es suficientemente poderosa para no necesitar la de la parte contratante. Se otorga confianza absoluta.

¿Qué se exige a estos equipos de proyectos a cambio de tantas ventajas?. Su proyecto no tiene un cierre objetivo y un resultado fácilmente analizable. Sus amplios poderes no tienen más obligaciones que aportar lo mejor que puedan a sus clientes ciñéndose a un presupuesto y el resultado es el que vemos.

¿Seremos capaces de exigir a nuestros directores de proyecto que cumplan con su cometido con responsabilidad?, ¿que cumplan el contrato por el que fueron elegidos?. Necesitamos responsabilidades para irresponsables.

Vía: elEconomista

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